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  Félix Peña

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 Diario El Cronista | 7 de septiembre de 2005

¿Y si el CIADI no existiera?


El tribunal creado para resolver controversias entre empresas extranjeras y Estados enfrenta desafíos de eficacia y de legitimidad. La inversión crece y los acuerdos bilaterales se multiplican con cláusulas más rigurosas para evitar el arbitraje.

  • Si el país perdiera los 36 casos pendientes en el Ciadi, se tendría que pagar hasta unos u$s 10.000 millones

El Centro Internacional para Arreglo de Disputas sobre Inversiones (Ciadi) cumplió cuarenta años. Es parte del Grupo Banco Mundial. Tiene 142 miembros. Casi igual que la Organización Mundial del Comercio. La Argentina se incorporó en 1994, luego de que el Congreso aprobó la Convención de Washington.

Su objetivo es brindar facilidades para resolver controversias sobre inversiones internacionales entre inversores y Estados. A tal efecto se prevén dos medios: la conciliación, muy poco utilizada, y el arbitraje. No es el Ciadi quien concilia o arbitra. Lo hacen paneles constituidos en su ámbito con acuerdo explícito de las partes en disputa y con las reglas del Centro.

En cuarenta años se concluyeron 94 disputas en el Ciadi. El número de casos crece. Como señala Roberto Dañino -el ex primer ministro del Perú que es su secretario general-, en diez años se pasó de 5 casos pendientes por un valor de 15 millones de dólares, a los 95 de hoy por unos u$s 25.000 millones.

La Argentina tiene 36 casos pendientes en el Ciadi. La mayoría se origina en disputas con inversores tras las medidas económicas de 2002. Si todos resultaran desfavorables, el contribuyente argentino podría tener que pagar en los próximos años unos u$s 10.000 millones. La cifra depende de los resultados de cada caso. No siempre un inversor gana, ni obtiene el valor total de lo demandado.

Si no existiera el Ciadi, esos casos de todas formas hubieran sido planteados en otros tribunales arbitrales. Es que en realidad, la aceptación por el Estado argentino de que una disputa con un inversor extranjero pueda ser resuelta en un tribunal arbitral internacional, proviene de acuerdos bilaterales de inversión firmados con unos 50 países, en su mayoría aprobados por el Congreso.

Se sabe que un acuerdo internacional sólo puede tener vigencia si es aprobado por el Poder Legislativo. En Brasil, el Congreso no aprobó los acuerdos firmados por el Ejecutivo. El Congreso del Uruguay tiene a su consideración un acuerdo bilateral de inversión con los Estados Unidos. Su aprobación no está aún asegurada.

Hacia el futuro, el Ciadi enfrenta desafíos. Algunos de eficacia por el sensible aumento de casos. Otros de legitimidad por algunos cuestionamientos a sus procedimientos, por ejemplo, en materia de transparencia.

Su principal desafío será adaptarse a nuevas realidades de la inversión internacional. Los flujos de inversión han aumentado considerablemente.

A diferencia del pasado, hoy las inversiones internacionales se originan también en grandes economías emergentes. Incluso en la Argentina. Es una tendencia que se acentuará en el futuro. La lideran países como China, India, México, Brasil y Chile.

Los acuerdos bilaterales de inversión -establecen reglas sustantivas que luego pueden ser objeto de disputas y abren el acceso a mecanismos de solución de controversias como los del Ciadi, entre otros-, se han multiplicado. Existen hoy más de 2.000. Muchos son de nueva generación, esto es, tienen enfoques y métodos novedosos. Especialmente los que son parte de acuerdos de libre comercio como los que EE.UU. ha concluido recientemente, prevén procedimientos más rigurosos para lo que se denomina el período de enfriamiento de una controversia. El objetivo es asegurar que el arbitraje sea una última instancia, sólo utilizable cuando se han agotado procedimientos como las consultas, negociaciones y, eventualmente, la mediación y la conciliación.

Además tienden, entre otras mejoras, a asegurar la transparencia en los procedimientos y la rigurosidad en la selección de los árbitros. Incluso uno, el concluido entre EE.UU. y Australia, no permite un acceso automático del inversor al mecanismo de solución de controversias.

La diplomacia económica de nuestro país -tanto gubernamental, como empresaria o académica, que son modalidades practicadas por otros países- también enfrenta desafíos en relación a la solución de eventuales controversias con inversores externos.

En primer lugar, lograr que los actuales casos concluyan en la forma más favorable al país. Ello implica contar con asesores legales fogueados en la materia y mantener abiertos todos los canales negociadores.

En segundo lugar, capitalizar la experiencia acumulada, sea a través de la renegociación de acuerdos bilaterales de inversión a fin de adaptarlos a metodologías de nueva generación, sea participando activamente en la futura adaptación del Ciadi a cambios en los requerimientos de protección de inversiones internacionales.

Debe trabajarse, asimismo, con el supuesto que en los próximos años, habrá un número creciente de empresas argentinas con inversiones en múltiples países. En tercer lugar, impulsar la formación de profesionales especializados en la materia, así como lo hace, por ejemplo, Brasil en relación a la capacitación de expertos en negociaciones y solución de controversias en el ámbito de la OMC.


Félix Peña es Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC; Director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro del Brains Trust del Evian Group. Ampliar trayectoria.

http://www.felixpena.com.ar | info@felixpena.com.ar


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